El pasado 5 de diciembre, Claudia Sheinbaum asumió el cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, y desde el primer día las redes sociales han sido protagonistas de su administración con transmisiones en vivo, difusión de imágenes e información.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó a este municipio en la Sierra Norte de Puebla, donde entregó las tarjetas a los beneficiarios de los Programas Integrales de Desarrollo.
La Dra Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de la titular del consejo de desarrollo social de la Ciudad de México (Evalúa) la Dra. Araceli Damián González, dieron a conocer el observatorio por los derechos sociales y la democracia de la Ciudad de México, un órgano constituido el pasado lunes 21 de enero y compuesto por expertos, cuya función será la de evaluar los programas sociales y evitar a su vez que los programas sociales y acciones institucionales se conviertan en oportunidades de clientelismo político.
Para enfrentar el robo de combustible, secretarías del Gobierno de México darán inicio a la aplicación del Plan de Desarrollo para el Bienestar que establece programas de becas, capacitación al trabajo para jóvenes, apoyo a productores y de información en materia de salud, en municipios de entidades federativas por donde cruzan los ductos de Pemex.
El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, hizo un llamado a agilizar la aprobación de reformas para crear el Instituto de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Seguridad, antes del 1 de diciembre.
El presidente del Senado de la República, Martí Batres, afirmó que la educación es el punto de referencia de los derechos sociales, tema importante para todos los gobiernos “y no debemos extrañarnos que se hable de transformaciones educativas en cada periodo”.
Con el objetivo de impulsar una sola política social, coordinada entre los tres niveles de Gobierno, la diputada Ana Paola López Birlain propuso promover la integración de un Padrón Único de Beneficiarios que contribuya a la transparencia del gasto social y se convierta en un instrumento para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos.